Política

Mimetismo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora

Guaymas, Sonora | Por Armando Saucedo Monarque | @saucedomonarque | s√°bado 30 de octubre de 2021.

Desde su época de Tribunal de lo Contencioso Administrativo el actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se ha caracterizado por constituirse en un muro de contención a los derechos exigidos por las personas en materia fiscal, administrativa y del servicio civil, constituyéndose así en un escollo para el derecho humano de acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial, en lugar de ser una garantía para ello como se mandata en la ley de su creación y como dan cuenta de esta situación las innumerables absurdas y absolutorias sentencias emitidas en los contradictorios sometidos a su jurisdicción.

Orgánicamente este tribunal administrativo paso de contar con un solo magistrado titular al gigantismo que caracterizaba al mencionado Tribunal de Justicia Administrativa con dos salas la superior, con sus cinco ponencias, y la anticorrupción y de responsabilidad administrativa con sus tres ponencias de tal manera que se convierto en una fuente de oportunidad laboral para la clase política y sus beneficiarios todos marcados por sus preferencias electorales del pri y del pan, pues actuaban conforme a los intereses del gobierno o de su partido.

Esta deplorable situaci√≥n ocasion√≥ un grave rezago en la administraci√≥n e impartici√≥n de la justicia en materias fiscal, administrativa y del servicio civil, debido al tortuguismo y a las malas pr√°cticas procesales en el tr√°mite de las controversias sometidas a su jurisdicci√≥n, pues el tribunal se constituy√≥ en coadyuvante de los intereses de los grupos pol√≠ticos que ten√≠an secuestrado el aparato institucional de tal suerte que, hasta la fecha las personas que acuden en busca de justicia son sometidas a una brutal discrecionalidad y opacidad en la (in) justicia que se imparte en esa instancia y as√≠ tenemos litigiosos que duran a√Īos entrampados en la marea burocr√°tica que inunda a la justicia administrativa en el estado.

Pero como transciende al √°mbito de las personas la displicente actividad jurisdiccional en el mencionado tribunal, simple y sencillamente lo podemos resumir como la negativa de justicia para quien clama por ella, pues justicia que se retarda no es justicia, y rompe con uno de los m√°s importantes sentimientos de la naci√≥n que invoc√≥ el General√≠simo Morelos, al se√Īalar al respecto: ‚Äúque todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario‚ÄĚ, sentencia celebre que hasta la fecha tiene vigencia, no solo para el tribunal en comento, sino para el amplio abanico de justicieros insensibles e inservibles a la realidad social y pol√≠tica del pa√≠s.

En esta trama de injusticias quienes han resultado m√°s perjudicados han sido y son los trabajadores del servicio civil que laboran en los poderes del estado y en los municipios o en las administraciones paraestatales, mejor conocidos como organismos p√ļblicos descentralizados de ambos √≥rdenes de gobierno, pues aparte de la corrupci√≥n, dilaci√≥n y discrecionalidad inmersas en la resoluci√≥n de sus asuntos, est√°n en manos de un √≥rgano administrativo que carece de la especialidad para conocer y resolver de los juicios de car√°cter del servicio civil (laboral) que deber√≠an sustanciarse de acuerdo a los principios de justicia social previstos en el art√≠culo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo de manera supletoria, que son ajenos y distantes a los principios de estricto derecho que rigen las materias administrativas y fiscal, y esa es la raz√≥n sustantiva para que en los transitorios de la abrogada Ley Org√°nica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en los de la Ley de Justicia Administrativa se prev√© la integraci√≥n del Tribunal de Conciliaci√≥n y Arbitraje que ser√≠a la instancia id√≥nea y competente para conocer y resolver los asuntos individuales y colectivos en materia del servicio civil, por lo tanto no dudamos en afirmar que su integraci√≥n org√°nica e institucional es una deuda estatal con los trabajadores burocr√°ticos.

Aldo Gerardo Padilla Pesta√Īo. Magistrado ponencia 3 Foto tjasonora.gob.mx

Este lamentable estado de cosas fue propiciado y auspiciado con el cobijo del Estado en manos de la corrupta clase pol√≠tica que imprimi√≥ el sello de la casa en cada sexenio, de tal manera que los actuales magistrados son c√≥mplices de la situaci√≥n que se denuncia pues han trascurrido en sus cargos con el benepl√°cito de gobiernos del pri o del pan, siempre en aras de beneficiar a los grupos de inter√©s o pol√≠ticos en turno, por lo tanto, el golpe de estado que se dio al magistrado Aldo Gerardo Padilla Pesta√Īo no es m√°s que un acto de mimetismo pol√≠tico de los integrantes del tribunal que buscan mudar de apariencia para estar acorde a los nuevos tiempos del gobierno estatal de la 4T y salvar su puesto.

Es importante traer a menci√≥n el deslinde del gobernador ALFONSO DURAZO MONTA√ĎO, respecto de los actores pol√≠ticos del pasado que en su conjunto crearon las condiciones para que en el estado privara la corrupci√≥n como combustible del entramado institucional, es hora de que se vayan todos, porque si no cual cambio, por m√°s que los hilos conductores del pasado pretendan servir de asidero.

Sonora necesita una renovación moral en los órganos encargados de impartir justicia, lo que implica renovación de los justicieros actuales, la exigencia de rendición de cuentas y fijación de la responsabilidad administrativa que les alcance, para hacer realidad un cambio necesario para el nuevo paradigma gubernamental, y decir no al mimetismo institucional.

Guaymas, Sonora a 29 de octubre de 2021.

Lic. Armando Saucedo Monarque

@saucedomonarque

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