Política

Mimetismo en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora

Guaymas, Sonora | Por Armando Saucedo Monarque | @saucedomonarque | sábado 30 de octubre de 2021.

Desde su época de Tribunal de lo Contencioso Administrativo el actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se ha caracterizado por constituirse en un muro de contención a los derechos exigidos por las personas en materia fiscal, administrativa y del servicio civil, constituyéndose así en un escollo para el derecho humano de acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial, en lugar de ser una garantía para ello como se mandata en la ley de su creación y como dan cuenta de esta situación las innumerables absurdas y absolutorias sentencias emitidas en los contradictorios sometidos a su jurisdicción.

Orgánicamente este tribunal administrativo paso de contar con un solo magistrado titular al gigantismo que caracterizaba al mencionado Tribunal de Justicia Administrativa con dos salas la superior, con sus cinco ponencias, y la anticorrupción y de responsabilidad administrativa con sus tres ponencias de tal manera que se convierto en una fuente de oportunidad laboral para la clase política y sus beneficiarios todos marcados por sus preferencias electorales del pri y del pan, pues actuaban conforme a los intereses del gobierno o de su partido.

Esta deplorable situación ocasionó un grave rezago en la administración e impartición de la justicia en materias fiscal, administrativa y del servicio civil, debido al tortuguismo y a las malas prácticas procesales en el trámite de las controversias sometidas a su jurisdicción, pues el tribunal se constituyó en coadyuvante de los intereses de los grupos políticos que tenían secuestrado el aparato institucional de tal suerte que, hasta la fecha las personas que acuden en busca de justicia son sometidas a una brutal discrecionalidad y opacidad en la (in) justicia que se imparte en esa instancia y así tenemos litigiosos que duran años entrampados en la marea burocrática que inunda a la justicia administrativa en el estado.

Pero como transciende al ámbito de las personas la displicente actividad jurisdiccional en el mencionado tribunal, simple y sencillamente lo podemos resumir como la negativa de justicia para quien clama por ella, pues justicia que se retarda no es justicia, y rompe con uno de los más importantes sentimientos de la nación que invocó el Generalísimo Morelos, al señalar al respecto: â€œque todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario”, sentencia celebre que hasta la fecha tiene vigencia, no solo para el tribunal en comento, sino para el amplio abanico de justicieros insensibles e inservibles a la realidad social y política del país.

En esta trama de injusticias quienes han resultado más perjudicados han sido y son los trabajadores del servicio civil que laboran en los poderes del estado y en los municipios o en las administraciones paraestatales, mejor conocidos como organismos públicos descentralizados de ambos órdenes de gobierno, pues aparte de la corrupción, dilación y discrecionalidad inmersas en la resolución de sus asuntos, están en manos de un órgano administrativo que carece de la especialidad para conocer y resolver de los juicios de carácter del servicio civil (laboral) que deberían sustanciarse de acuerdo a los principios de justicia social previstos en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo de manera supletoria, que son ajenos y distantes a los principios de estricto derecho que rigen las materias administrativas y fiscal, y esa es la razón sustantiva para que en los transitorios de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en los de la Ley de Justicia Administrativa se prevé la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que sería la instancia idónea y competente para conocer y resolver los asuntos individuales y colectivos en materia del servicio civil, por lo tanto no dudamos en afirmar que su integración orgánica e institucional es una deuda estatal con los trabajadores burocráticos.

Aldo Gerardo Padilla Pestaño. Magistrado ponencia 3 Foto tjasonora.gob.mx

Este lamentable estado de cosas fue propiciado y auspiciado con el cobijo del Estado en manos de la corrupta clase política que imprimió el sello de la casa en cada sexenio, de tal manera que los actuales magistrados son cómplices de la situación que se denuncia pues han trascurrido en sus cargos con el beneplácito de gobiernos del pri o del pan, siempre en aras de beneficiar a los grupos de interés o políticos en turno, por lo tanto, el golpe de estado que se dio al magistrado Aldo Gerardo Padilla Pestaño no es más que un acto de mimetismo político de los integrantes del tribunal que buscan mudar de apariencia para estar acorde a los nuevos tiempos del gobierno estatal de la 4T y salvar su puesto.

Es importante traer a mención el deslinde del gobernador ALFONSO DURAZO MONTAÑO, respecto de los actores políticos del pasado que en su conjunto crearon las condiciones para que en el estado privara la corrupción como combustible del entramado institucional, es hora de que se vayan todos, porque si no cual cambio, por más que los hilos conductores del pasado pretendan servir de asidero.

Sonora necesita una renovación moral en los órganos encargados de impartir justicia, lo que implica renovación de los justicieros actuales, la exigencia de rendición de cuentas y fijación de la responsabilidad administrativa que les alcance, para hacer realidad un cambio necesario para el nuevo paradigma gubernamental, y decir no al mimetismo institucional.

Guaymas, Sonora a 29 de octubre de 2021.

Lic. Armando Saucedo Monarque

@saucedomonarque

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