México | miércoles 27 de enero de 2021
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto.
¿Quién es Alfredo Castillo Cervantes?
Es un abogado y político mexicano que se ha desempeñado principalmente dentro de la procuración de justicia estatal y federal.
Los inicios turbios de Alfredo Castillo Cervantes iniciaron con Enrique Peña Nieto, cuando éste era gobernador del Estado de México
Uno de los casos más graves en donde resalta el nombre de Castillo Cervantes es sin duda el de la desaparición y deceso de la niña Paulette.
De julio del 2008 a mayo del 2010 fue subprocurador de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), cuando Peña Nieto era gobernador de la entidad mexiquense.
Fue en marzo 22 del 2010, cuando Paulette Gebara Farah de cuatro años y con discapacidad desapareció y fue hallada sin vida varios días después en su propio cuarto.
Entonces la investigación fue encargada a Castillo Cervantes, junto con el entonces titular de la dependencia, Alberto Bazbaz quien posteriormente renunció; el puesto lo ocupó el ahora inhabilitado, quedando al frente hasta agosto del 2012.
Pese a las irregularidades del caso, este fue cerrado como una muerte accidental de la menor y no se volvió a indagar más. La madre de la menor fue quien entonces recibió el linchamiento mediático.
2011 en el último año de Felipe Calderón fue Procurador de Justicia del Estado de México, cuando Peña Nieto era Gobernador, y estuvo involucrado en el caso paulette la niña que encontraron oculta entre el colchón y la cama de su cuarto.
Aunque también estuvo cerca del caso de Paulette fue ascendido a titular de la PGJEM cuando Bazbaz dejó el puesto.
Por si fuera poco, cuando Peña Nieto llegó a la presidencia de México, Castillo pasó a ser subprocurador de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y posteriormente titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
No obstante, uno de sus puestos más relevantes durante el sexenio de Peña Nieto fue el deComisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. Tras ser demandado penalmente por el entonces dirigente del PAN en Michoacán, José Manuel Hinojosa por presunta falsedad de declaraciones en el juicio que entonces había contra el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, Peña Nieto lo nombró al frente de la Conade en 2015.
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Estalla movimiento de autodefensas
Justo cuando Castillo era el titular de Seguridad y Desarrollo, se catapultó el conflicto entre el grupo de civiles armados, llamado autodefensas, contra el Cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán.
Durante su mandato, se detuvo a Mireles, quien fue preso por casi tres años por el delito de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, sin embargo, el líder de las autodefensas logró demostrar que el Gobierno, a través de Castillo, había proporcionado esas armas a los civiles para luchar contra el narcotráfico con la presunta finalidad de recuperar la zona de Tierra Caliente.
“Le dije a Castillo que armar a ciertas autodefensas era un gran error porque empezó armando a los que no eran. Y ahí están las consecuencias hoy, el cártel de Los Viagras, al que él armó, se adueñó de Michoacán”, dijo el ya fallecido Manuel Mireles al diario El País en 2014.
De las autodefensas al mundo del deporte
Por último de abril 2015 a noviembre 2018 fue Comisionado Nacional de Cultura Física y Deporte donde resultó con balance negativo, con irregularidades detectadas como: entrega de apoyos sin previo análisis y duplicidad de los mismos, irregulares procedimientos de adjudicación y formalización de contratos, igualmente tampoco demostró los logros deportivos de 100 atletas y entrenadores beneficiarios. De acuerdo a la auditoría Superior del Estado del 2018, con pérdidas para el erario por millones de pesos.
La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.
Resaltó que la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones de la persona sancionada en sus declaraciones presentadas ante esta dependencia.
La titular de la Función Pública recordó que “este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.
La sanción, que le fue notificada, deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos.
Dicha omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.
Durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada.
Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.
Con información de Infobae
