Criterio de Oportunidad

Acogiéndose al artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, aprovechó el “criterio de oportunidad” ofrecido por la Fiscalía para pactar con el Gobierno la cancelación de la acción penal en su contra, contemplada en ese artículo. De acuerdo a esa figura en el nuevo sistema penal, esto sería posible si el acusado entrega información relevante sobre otras personas de mayor rango que el suyo quienes hayan cometido delitos más graves que los que se le imputan.

Acusado y perseguido por la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, estos quedarían sin efecto a cambio de la información que Lozoya Austin proporcione como testigo colaborador.  El propósito de este acuerdo es que la Fiscalía pueda actuar contra funcionarios de más alto nivel que no han sido señalados, a quienes se les podría probar hechos delictuosos de los que ahora no existía evidencia. El acusado debe comprometerse a testificar contra las personas que él señaló. El proceso del criterio de oportunidad terminaría hasta que el testigo colaborador declare contra los que acusó.

Este criteriono se aplica en todos los casos y opera bajo ciertas premisas. De acuerdo a “Proyecto Justicia”, es requisito que el o los delitos en cuestión no tengan pena privativa de libertad (o que, de haberla, no exceda una pena de cinco años de prisión) y que no se cometieran con violencia. Aplica para violaciones a la ley de contenido patrimonial. La clave de este “criterio de oportunidad” radica en que la FGR busca sancionar delitos que tienen más importancia e impacto.

Luego de la solicitud internacional para capturar al exdirector de Pemex, detención que tuvo lugar en febrero en España, trascendió que por presiones familiares, Lozoya Austin, habría aceptado ser extraditado y colaborar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este acuerdo lo liberaría de la acción penal una vez que se confirme la utilidad de la información proporcionada. Esto contempla que Lozoya testifique en contra de los funcionarios implicados en actos de corrupción que él haya señalado.

No sería la primera vez que se acuda a esta figura. Aunque pocos, sí hay antecedentes de haberla utilizado. De acuerdo a Víctor Fuentes (periódico Reforma) el caso más conocido es el de José Juan Janeiro quien habría sido “el cerebro financiero de (Javier) Duarte. Huyó a España, negoció ese criterio y le cancelaron las dos órdenes de aprehensión”.

Quizá por ser poco conocido y no muy explicado su beneficio en la aplicación de la justicia, habrá cuestionamientos acerca de esta especie de “trueque” de personajes de menor nivel por otros de mayor rango, y de delitos menos graves por otros de mayor envergadura. Sin embargo, el caso arriba citado por Víctor Fuentes ilustra la ganancia en la aplicación de justicia. En este, Janeiro quedó libre pero Javier Duarte cumple sentencia de nueve años en Veracruz.

Como parte de las pruebas ofrecidas, Lozoya entregó a la Fiscalía videos donde aparecerían funcionarios recibiendo sobornos. Se habla no sólo de aquellos de la constructora brasileña Odebrecht -que operaba entregándolos a cambio de obra pública cuando los candidatos ocuparan el cargo, como en el presunto caso de Peña Nieto-, sino también habría las pruebas de los sobornos a legisladores, dirigentes de partidos y funcionarios de gobierno para aprobar la Reforma Energética del sexenio anterior.

Se recordará que causó extrañeza que esta, votada el 12 de diciembre de 2013 hubiera sido aprobada sin mayores contratiempos con 354 votos de la Cámara de Diputados del bloque conformado por el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, cobijados por el Pacto por México, contra 127 votos del PRD, PT y MC. De acuerdo al Presidente López Obrador, en los vídeos de Lozoya se tienen ahora esas pruebas con las que lograron la mayoría calificada mediante sobornos.

Los pagos de Odebrecht para conseguir contratos millonarios de obra pública cuando iniciara el gobierno de Peña Nieto y la compra con sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados son delitos que quedarían sin efecto. Fertinal, cuyo sobrecosto fue más alto, no figura en la acusación. El actual combate a la corrupción en México no tiene precedentes. El punto medular es liberar a un presunto delincuente a cambio de perseguir a muchos, con delitos más graves y mayor rango que el del Exdirector de Petróleos Mexicanos. Es decir, la investigación apuntaría a Secretarios de Estado y al propio expresidente Peña Nieto. El primer abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, en su momento dijo que su cliente «no se mandaba solo». La evidencia que se presente podría demostrarlo. 

El regreso a México del exfuncionario se ha manejado con mucha secrecía para proteger su integridad personal. No se puede descartar que hay muchos interesados en impedir que hable. Diversas versiones se contradicen sobre el lugar donde estaría resguardado y protegido. Se ha dicho que se encuentra en el Hospital Militar, pero también se asegura que está internado en el Hospital Ángeles. Se presume que su arribo directamente a un hospital sería parte del acuerdo.

La corrupción afincada desde hace muchos años, a la que los mexicanos se acostumbraron como si fuera situación normal, tuvo la complacencia del poder. Sin embargo, no sólo se trata de políticos; también están involucrados empresarios. Esto fue tan cotidiano que no permitió dimensionar el daño social que causó. Pocos están al tanto de su perjuicio a toda la sociedad. Practicada y protegida desde los más altos niveles del gobierno, y enquistada en los tres poderes, nunca hubo voluntad política para hacerle frente. Luego del PRI, el PAN siguió el mismo camino. Esto explica la razón que puso a López Obrador en el gobierno.

Quienes rechazan de manera tajante la corrupción ven con optimismo el Caso Lozoya que, con la previamente acordada extradición, y la cancelación de los delitos a cambio de la ruta que conduce a los implicados en delitos mayores, podría dar a conocer a los mexicanos una nítida fotografía que nunca se había tenido. Quienes ahí aparezcan, con las manos en la masa, no podrán moverse de esa foto y esa imagen quedará plasmada para la historia.

Una parte de la sociedad opta por la suspicacia surgida de desafortunados eventos del pasado donde exgobernadores y exfuncionarios del gobierno federal eran detenidos, acusados, llevados ante un juez y finalmente liberados con una cantaleta muy practicada en México: la mala integración de expedientes. Se ha llegado a comparar el Caso Lozoya con el Caso Gordillo, quien fue liberada gracias al expediente mal armado en el gobierno de Peña Nieto. Dicho gobierno facilitó que, eventualmente, la ex lideresa del SNTE fuera puesta en libertad por falta de pruebas en el sexenio actual. No son comparables.

La corrupción brota cuando el poder no tiene contrapesos; nunca hubo rendición de cuentas de gobernantes a ciudadanos; y no fue considerada como delito grave que había que perseguir, incubando así absoluta impunidad. No está siendo fácil desterrar esa costumbre, pero sin duda son los ciudadanos quienes deciden si permanece o se extingue esa práctica.

Odebrecht y su enorme red de corrupción operó en once países de América Latina, ninguno dijo que no a sus sobornos. En Brasil, las transacciones de la empresa de Marcelo Odebrecht ascienden a 349 millones de dólares (mdd). Ahí comenzó la persecución de  los involucrados a través de la Operación Lava Jato, en marzo de 2014. Demasiados Estados aparecieron en el entramado de sobornos y fueron cayendo como piezas de ajedrez.

En varios de esos casos estuvieron involucrados expresidentes, líderes partidistas, exsenadores, exministros de gabinete y candidatos de elecciones regionales o presidenciales. Las investigaciones en México mencionan a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. A reserva de que se pueda probar, son apenas los primeros que han trascendido, pero serán muchos más. Odebrecht habría entregado sobornos en los dos últimos sexenios y no a funcionarios menores. Está documentado que estos se transfirieron de 2010 a 2014 a cambio de contratos de obra pública. En el caso de Peña Nieto, recibió recursos incluso durante su campaña para continuar con los beneficiosos contratos durante su administración.

Por la entrega de sobornos de 10.5 mdd a funcionarios mexicanos, Odebrecht habría obtenido contratos de obra pública por 39 mdd Lo inaceptable y vergonzoso para México es que se vio cómo esos países latinoamericanos – a excepción de Venezuela – llevaron a los implicados ante la justicia mientras que aquí ningún funcionario de alto nivel fue detenido. El país se exhibió ante el mundo como tierra de intocables. 

Por primera vez, México y su gobierno juntos quieren que se haga justicia. Habrá quienes, por los antecedentes del pasado, no lo crean. El escepticismo será un acompañante de largo plazo. Incluso, es de esperarse el debate sobre el encarcelamiento de Lozoya Austin, ignorando el beneficio de acogerse al criterio de oportunidad. Exigirán que se le encarcele a él y a los otros, pasando por alto que de esos «otros» sólo se tendría información y pruebas de sus delitos a partir del testimonio del exdirector de Pemex. La ley contempla la enorme ganancia al aplicar esta figura. El Presidente López Obrador se comprometió a combatir la corrupción y sobre esta lucha está fundamentado su proyecto. Cuatro pruebas – algunos parecen no verlas -, de quienes están en prisión y que demuestran el trabajo iniciado, son: Juan Collado, Rosario Robles, Genaro García Luna y César Duarte. Alonso Ancira y Emilio Lozoya Austin están en proceso. Esto marca diferencia. El criterio de oportunidad utilizado por la FGR es ahora la oportunidad para que finalmente México y los mexicanos estrenen justicia. Este cambio fundamental ya iniciado es inédito. Y es condición indispensable para que el país viva mejor y transite a una real y verdadera democracia. Pese a todo, y a los años de vana espera, por vez primera ahora sí hay una posibilidad real de justicia.

Por Martha Zamarripa | Lunes, 20 De Julio Del 2020.

Martha Zamarripa. Periodista. Regiomontana. 100% izquierda. Twitter: @m_zamarripa

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