Internacional | Lunes 18 De Enero Del 2021 | Por Martha Zamarripa | Twitter @m_zamarripa
El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión sin precedentes al hacer público el expediente del “Caso Cienfuegos” y rompió el esquema de administraciones anteriores de ocultar a los mexicanos los asuntos públicos que optaban por ignorar acciones que vulneran la soberanía de México.
En la investigación y posterior detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda por parte de la agencia antinarcóticos (DEA por sus siglas en inglés) el 20 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California hubo omisión del gobierno de Estados Unidos al no informar ni pedir la colaboración de su contraparte mexicana. La ausencia de información provocó preocupación en la administración de López Obrador en el contexto ya que, además de vecinos, México y el país del norte se suponían aliados.
El canciller Marcelo Ebrard subrayó que “México debe conocer todos los testimonios y elementos, son hechos que ponen o pueden poner en peligro toda la estrategia y la seguridad de México”.
Acostumbrados a la actitud negligente de otros sexenios que optaron por ignorar violaciones a la soberanía del país, la reacción de la opinión pública -incluida la de simpatizantes del actual gobierno- fue de condena o al menos de escepticismo. Asumieron que el “Caso Cienfuegos” era otra demostración de que esta administración no se diferenciaba de sus predecesoras.
Pero hay varios datos relevantes a destacar. Desde 2013, la DEA investigó –sin informarle al gobierno mexicano encabezado entonces por Enrique Peña Nieto– por delitos contra la salud y lavado de dinero al entonces secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda. Llegado el cambio de gobierno en 2018, la agencia siguió sin poner al tanto al gobierno de López Obrador. Cuando el caso estalló -el pasado mes de octubre con la detención del general Cienfuegos-, el gobierno de México reaccionó manifestando su inconformidad ante los hechos.
El Presidente se refirió a la intrusión de esas agencias porque dijo que “operaban, entraban con absoluta libertad y hacían lo que querían”. En muchas ocasiones se justificó su actuación por la corrupción del lado mexicano, pero son temas diferentes. Que anteriormente no se combatiera la corrupción no implicaba que al operar agencias extranjeras en México pudieran violar las leyes mexicanas.
Luego de la intromisión de la DEA, el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevos lineamientos para los agentes extranjeros en territorio nacional. Su manifestación de inconformidad ante las autoridades estadounidenses por no haber sido informado dejó ver que no actuará de la misma manera de otras administraciones.
Cuando el gobierno de AMLO reveló que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la acusación fincada en Estados Unidos contra el general Cienfuegos “no procedía” pues había sido falsamente fabricada, la reacción de condena fue casi unánime, pero no contra la actuación de la agencia norteamericana, sino contra López Obrador.
Se asumió que, como en el pasado, habría silencio del gobierno mexicano; no obstante, los datos eran contundentes: no informaron de la investigación, no pidieron colaboración del gobierno mexicano y tampoco informaron sobre la detención del general Cienfuegos.
El 26 de octubre el canciller Marcelo Ebrard habló con el fiscal estadounidense William Barr, a quien le externó la inconformidad del gobierno por no informarles de una operación de esa naturaleza, y de cómo el acusar a un exsecretario de la Defensa Nacional terminó por ser un problema de seguridad nacional. Le pidió, además, las pruebas que tenían sobre el caso. La respuesta del fiscal fue que valoraba la cooperación con México y que enviaría los elementos que tenían.
Cuando se conoció el expediente en el gobierno de López Obrador y en la fiscalía, pudo saberse que no existían elementos que permitieran vincular a proceso al detenido. México esgrimió argumentos como los miles de muertos que ha dejado la lucha contra el narcotráfico, así como que tenía el derecho -y Estados Unidos la obligación- de “haber compartido esa información y no lo hizo, y eso es un antes y un después”, señaló Ebrard. Aceptaron que enviarían a Cienfuegos a México para que la investigación se hiciera en el país.
Según la investigación de la fiscalía, el general Cienfuegos no se encontró con la organización delictiva investigada por Estados Unidos, no tuvieron comunicación, no los ayudó o protegió. No se presentó evidencia de que hubiera obtenido ingresos ilegales. Debido a lo anterior, la fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal en favor del general Cienfuegos.
El jefe del Ejecutivo ordenó entonces al secretario de Relaciones Exteriores que el expediente del “Caso Cienfuegos”, enviado por Estados Unidos, se hiciera público para ser consultado por quien lo desee. El gobierno a través de la cancillería manifestó su inconformidad de que una operación de esa naturaleza “se haya llevado a cabo sin conocimiento de las autoridades mexicanas, dada la relevancia de la persona sujeta a esta aprehensión, (que) había sido el secretario de la Defensa Nacional”.
La relación entre aliados se basa en la confianza mutua. ¿Cómo podría hablarse de confianza con el manejo que se hizo del “Caso Cienfuegos“? Ebrard planteó que “Si México y Estados Unidos son aliados en la lucha contra el narcotráfico, ¿cómo puede ser eso compatible con que detengas a un alto oficial, de quién se trate, sin previo conocimiento y acción conjunta con tu aliado? Pues eso no es un aliado, en ningún país del mundo”.
Por una tradición basada en los hechos, los mexicanos no tienen confianza en sus gobiernos. La opinión sobre el caso era adversa. Si a esto se añade la tergiversación de los hechos de la oposición, parecía anticiparse un revés para el Ejecutivo. Pero cuando AMLO decidió hacer público el expediente y periodistas y analistas lo leyeron, la versión cambió. En el expediente que envió Estados Unidos no había elementos para vincular a proceso a Cienfuegos, como ya lo había informado la fiscalía. Fue una fabricación de hechos que afectaron a México por la violación a su soberanía y a su seguridad nacional.
De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, desde el 25 de diciembre en The Wall Street Journal trascendió que había “serias dudas sobre la solidez de esta investigación, ya no hablo de México, en Estados Unidos”. La nota se refiere a “elementos circunstanciales”.
Se desconoce cuál fue la intención de toda esa operación. ¿Querían perjudicar al gobierno de López Obrador? ¿Pretendían afectar la relación entre México y Estados Unidos? La política es tiempo, dijo el Presidente. Le guste o no a la oposición que sigue sin aceptar la derrota, el gobierno de AMLO envió dos mensajes: la defensa de la soberanía y de la seguridad nacional. La defensa de México no está en juego.
Por Martha Zamarripa | Lunes, 18 De Enero Del 2021.
