Hermosillo, Sonora | Por Germán Palafox Moyers | domingo 22 agosto 2021
En la entrega anterior señalamos que la Cuenta Pública es la compilación de información anualizada de carácter contable, presupuestario y programático que permite tanto a las dependencias públicas responsables de la operación, como a los entes fiscalizadores, a los académicos, y a la ciudadanía en general, contar con información acerca del manejo de los recursos públicos.
Mostramos que ante la difícil situación económica y social que originó la pandemia, el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano no llevó a cabo las modificaciones pertinentes al presupuesto, y que, por el contrario, decidió seguir privilegiando a los grupos de poder por encima de la sociedad.
“Los grupos de poder en el Estado son insaciables, y nada o muy poco, les ha interesado lo que está padeciendo la mayoría de la población, especialmente los sectores más desprotegidos, en una situación tan difícil como la que originó la pandemia”
Así, en el Capítulo de Servicios Generales se presupuestaron mil 171 millones de pesos, pero se modificó de tal manera que la cifra final fue de 2 mil 036 millones de pesos; esto es, un incremento de casi mil millones de pesos, y como lo anotamos, todo ese recurso se destinó al pago de alquiler, asesorías, y comunicación social. Esto solamente en el gasto realizado por el Ejecutivo estatal, porque si realizamos el mismo ejercicio para el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, y las entidades paraestatales, la cifra, solo en el capítulo de servicios generales, podría oscilar entre los 3 mil y 4 mil millones de pesos. Los grupos de poder en el Estado son insaciables, y nada o muy poco, les ha interesado lo que está padeciendo la mayoría de la población, especialmente los sectores más desprotegidos, en una situación tan difícil como la que originó la pandemia.
En esta entrega se abordará la Cuenta Pública 2020, pero con el objetivo de analizar el gasto realizado por el Congreso del Estado de Sonora.
Según los últimos resultados del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2020, que lleva a cabo el INEGI, el Congreso estatal es el quinto más caro de todo el país, con un presupuesto aprobado de 708.2 millones de pesos en el año 2019.
Por otra parte, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), el Congreso de Sonora se ubica en quinta posición de los Congresos más caros a nivel nacional, al pasar de un presupuesto autorizado por ellos mismo de 651 millones de pesos en el año 2019, a 721 millones en el 2020, lo que representa un incremento de 70 millones de pesos, el 11 % de un año a otro. En cuanto a los costos por diputados, otro indicador importante, en Sonora el costo por diputado en 2019 ascendió a 19 millones 746 mil pesos, incrementándose a 21 millones 673 mil pesos para el año 2020.
“En Sonora el costo por diputado en 2019 ascendió a 19 millones 746 mil pesos, incrementándose a 21 millones 673 mil pesos para el año 2020”.
Es importante señalar que el presupuesto autorizado puede sufrir cambios, ya que se puede ampliar o reducir en el transcurso del año, de tal manera que puede haber diferencias entre lo presupuestado y lo que finalmente se registra en la cuenta pública.
Así, en el año 2020 el presupuesto autorizado para el Congreso fue de 796 millones 045 pesos, pero se amplió en 74 millones 996 mil pesos, de tal manera que finalmente el gasto devengado fue de 871millones 042 pesos. ¿Dónde se centró esa ampliación del presupuesto? Veamos:
▪️ En el Capítulo de Servicios Personales (1000), el presupuesto aprobado fue de un poco más de 205 millones, y se amplió en 10 millones 379 mil pesos, lo que generó un egreso devengado de 215 millones 656 mil pesos. El mayor incremento se presentó en las remuneraciones al personal de carácter permanente, con un incremento de 21 millones, al pasar de 53 millones 382 mil pesos a 75 millones 199 mil pesos. En lo relativo a las remuneraciones adicionales y especiales, la ampliación fue de 5 millones 827 mil pesos, pasando de un monto aprobado de 14 millones 724 mil pesos, al monto final devengado de 20 millones 552 mil pesos. Es cierto, disminuyeron el gasto en diversas cuentas, personal de carácter transitorio , pero lo incrementaron en las remuneraciones.
▪️ El Capítulo de Materiales y Suministro (2000) aparentemente tuvo una disminución de 9 millones 133 mil pesos, ya que el presupuesto original fue de 112 millones 336 mil pesos, en tanto que elmodificado ascendió a 103 millones. Sin embargo, en la partida de vestuario, blancos, prendas y artículos deportivos, en el que se había autorizado 7 millones 170 mil pesos, lo incrementaron en 8 millones 060 pesos, por lo que al final se tuvo un gasto de 15 millones 220 mil pesos.
▪️En el Capítulo de Servicios Generales (3000) se autorizó un monto de 411 millones 500 mil pesos, con una reducción de 205 millones 71 mil pesos, quedando un gasto devengado de 205 millones 789 mil pesos. Sin duda una fuerte disminución de un poco más de 200 millones de pesos que fueron reasignados a otras partidas. Sin embargo, es importante señalar que, a pesar del recorte, se mantuvo un alto gasto en servicios de comunicación social, con 34 millones de pesos; en servicios profesionales y científicos, con 57 millones de pesos; en servicios oficiales, con 46 millones y; enotros servicios, con 47 millones de pesos. Como vemos, aún con la reducción en esas partidas, hubo un verdadero exceso en el gasto de estos servicios, sobre todo si consideramos que en nada o en muy poco ayudaba a mitigar la crisis económica y social que estaba originando la pandemia.
▪️ El Capítulo de Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas (4000), que debe ser auditado en todas las secretarías y dependencias, se amplió en 300 millones de pesos, pues de un presupuesto autorizado de 40 millones de pesos, finalmente se devengaron 340 millones de pesos. ¿En qué partida se concentró este mundo de recursos extra? La reasignación presupuestal de ese recurso fue para la partida de ayudas sociales, por motivo de la pandemia Covid-19 “…a fin de facilitar el apoyo solidario en los distintos distritos y sectores sociales…” por parte de la legislatura, una reasignación que por la crisis de la pandemia era socialmente necesaria, pero que hasta donde hemos podido investigar, el manejo de ese recurso no contó con las medidas de transparencia, verificación real de su uso, y control. Así, las interrogantes que quedan son las siguientes: ¿cuáles fueron los criterios de eficiencia social que justificaron tal reasignación y la distribución de ese recurso?, ¿a qué grupos sociales les llegó el recurso?, ¿cómo se distribuyó el recurso entre las y los diputados?, ¿quién hizo la distribución de estos recursos?, ¿qué papel jugó la Comisión de Administración?, ¿qué medidas de transparencia y fiscalización de entrega de recursos se implementaron?
Es muy importante responder esas preguntas, pues además de ser una cantidad muy importante de dinero público, la justificación para su reasignación fue por una causa muy noble y solidaria. En este sentido, el Congreso y el órgano responsable de auditar los recursos públicos deben investigar a fondo el uso final de ese recurso, pues por los tiempos electorales en que se llevó a cabo la reasignación, ese recurso se pudo haber manejado en forma electorera para los comicios del pasado 6 de junio, lo que sería muy grave, y que amerizaría una sanción ejemplar para los responsables.
Ante el gasto poco transparente, irresponsable y socialmente ineficiente que han llevado a cabo los actuales gobernantes, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo del Estado, el Dr. Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo, ha señalado que “El primer reto que tendré como gobernador es estabilizar las finanzas y empezar a ganar mediante la política de austeridad, de combate a la corrupción y reordenamiento del gasto público en riguroso orden de prioridades sociales. Empezar a ganar solvencia presupuestal para atender los compromisos que hicimos durante la campaña y las demandas históricas de la gente, aunque no las hayamos asumido como compromiso”.
Y entre una de sus propuestas está la de reducir en 500 millones de pesos el presupuesto para el Congreso del Estado en 2022 sin afectar en lo más mínimo el trabajo legislativo, medida muy viable, como ya lo demostraron los mismos legisladores, y como hemos documentado en este artículo.
Finalmente, como dato informativo de este año, el Congreso actual se autorizó para este 2021 la cantidad de casi 800 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: servicios personales 220 millones, materiales y suministros 51 millones,servicios generales 292 millones, y transferencias 223 millones. Hay que revisar el I y II informe trimestral de 2021 para ver si dejaron algo, lo que se ve difícil, muy difícil. En la próxima entrega se analizará el II informe trimestral, para verificar lo planteado en esta última parte.
Como lo hemos visto, no nada más en el Ejecutivo estatal encontramos un manejo opaco e irresponsable de los recursos públicos; desafortunadamente también el Congreso estatal nos queda debiendo mucho en cuanto al uso transparente y responsable de los recursos públicos.
El año pasado, y por la situación social tan difícil que produjo la pandemia, ambos poderes públicos estatales debieron lucirse por un uso transparente, socialmente eficiente y efectivo de esos recursos.
El gobernador electo ya delineó su programa de gobierno, mismo que tiene como uno de sus principales objetivos erradicar esas prácticas opacas en el manejo de los recursos públicos, y asegurar su uso para el desarrollo económico y social de Sonora.
Ojalá, por el bien de Sonora, que la próxima legislatura asuma ese gran reto histórico para el Estado y haga suyo ese objetivo. Queda también pendiente el desempeño de los órganos fiscalizadores y auditores del dinero público, pues de ellos también depende en gran medida garantizar el cumplimiento de esos objetivos.
Dr. Carlos Germán Palafox Moyers
Investigador y Docente del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y Presidentedel Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia del Estado de Sonora
