Política

Romper el trato

México | lunes 29 De Marzo Del 2021 | Por Martha Zamarripa

Con el argumento de que modificar la Constitución es autoritario y de que la reforma viola la libre competencia para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la batalla por el negocio eléctrico de los privados apunta sus misiles hacia Palacio Nacional para frenar la nueva ley del sector que involucra a los tres poderes en la disputa entre dos grupos: la resistencia —que intenta su regreso en 2024— y el gobierno —en el afán de construir un régimen distinto—. La lucha enfrenta al poder económico del anterior régimen derrotado, pero solo en las urnas. El ganador obtiene el poder político, que puede mucho —pero no todo, lo que dificulta los cambios—. En México solo cabe un régimen, no obstante hay dos: el de casi 100 años sigue aquí y el nuevo está en medio de la adversidad mundial y local. Los 33 millones de votos que fueron opuestos al régimen casi centenario no les son suficientes para aceptar su retiro. Y el nuevo sistema en construcción, que se abrió paso con votantes fastidiados de una corrupción en crecimiento, está asediado.

No es solo el tema de la electricidad, sino todos aquellos que implican negocios mañosamente otorgados por el terco pasado afincado —hoy sin ser invitado—. Sin embargo, el huésped de Palacio Nacional no ha intentado aventurarse a un cambio de estrategia que no sea el enfrentamiento frontal —en ese terreno no se le ha ganado al capital que mueve la economía— por uno que suceda en alianza con sectores clave de la sociedad que no han sido invitados a apoyar el cambio. Se les ha dado por invitados, pero ellos no lo ven así. La resistencia trabaja para que nunca ocurran los cambios urgentes que necesita el país. La clase media es utilizada para sembrarle la idea de que el gobierno lopezobradorista no funcionó (versión actualizada de los “peligros para México”) y lo hacen ver como responsable de todo lo malo que suceda. La escasa información de ese grupo la vuelve maleable, porque ignora que apoyar al viejo sistema político, la regresará a seguir con ellos como el segmento más perjudicado.

La Ley Eléctrica, motivo de disputa entre poder político y poder del capital, se debe a que el mandatario apuntala que sea el Estado y no empresas extranjeras quienes manejen un sector estratégico. En México, el sector privado tenía garantizados beneficios de por vida. La empresa española Iberdrola obtuvo 26% de subsidios de la CFE “por no pagar la red de transmisión: 12 mil 675 millones de pesos” (Contralínea/ 26/03/21). A la paraestatal, la volvieron intencionalmente no-rentable en beneficio de empresas privadas como Wal-Mart, Bimbo y Oxxo que, de acuerdo con ese medio, en 2020 recibieron subsidios por “más de 1 mil 100 millones de pesos sólo por no pagar la red de transmisión”. El total es de casi 50 mil mdp “que no le pagan a la paraestatal dice Miguel Santiago Reyes, director de Energía de CFE en la conferencia matutina”, citado por el mismo medio. El monto total de subsidios asciende a “471 mil 200 mdp”. Parte de la clase media desconoce el dato al estar manipulada por esos beneficiarios extranjeros y nacionales. Contrario a la reacción en la clase media baja o baja, donde la disyuntiva es entre poder pagar o no la luz. A la clase media le perjudican guiarse por sus pero cierto sector medio aún cree en campañas negras; le perjudican sus prejuicios, en contraste con la clase baja que elige su realidad

Los ciudadanos ‘se acaban de enterar’ que en el régimen en construcción no hay «división de poderes», como difundieron las empresas subsidiadas. Esa división nunca existió. El modus operandi de los anteriores gobiernos mexicanos era ‘hacer trato’ para entregar tramos de soberanía mientras los nuevos dueños costean campañas contra paraestatales calificadas por ellos de ineficaces. Muchas lo eran, pero hubo algunas rentables, como Teléfonos de México —vendida por debajo de su valor, con prácticas monopólicas que asegura clientela cautiva—. El abuso como norma. Pero el mal negocio para México de la venta de Telmex no es lo mismo que entregar la industria de petróleo y electricidad: soberanía, seguridad, y estrategia, las colocan en otro nivel. Su control no puede estar en manos de particulares.

Los contratos desventajosos —defendidos en intensivas campañas mediáticas— para deshacerse de CFE datan de 1992 y se reafirman en 2013 con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. Están firmados en detrimento de los intereses de la Nación, propietaria de sus recursos energéticos. Si se perjudican esos intereses, un gobierno democrático —como el actual— tiene derecho a actuar. La nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en el Congreso, pretende ser apagada antes de ser promulgada. Los amparos —incluso los no solicitados— frenaron la ley que pone en riesgo negocios pactados por encima de la Constitución mexicana. Los cambios constitucionales no son recientes. De acuerdo al Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, la nuestra es de las cartas magnas que a lo largo de la historia sufrió más cambios: 707 a través de 233 decretos, cuyos afortunados nada dijeron porque los favorecieron.

La industria eléctrica es el botín en juego, pero se enmarca en la disputa de qué régimen va a quedarse. Su discurso es que toda electricidad manejada por sectores privados es limpia y la que produce el Estado es sucia e ineficiente. Nada dicen de la embestida contra la empresa del Estado, que pasó de productora de electricidad a compradora a los privados perjudicando a los mexicanos y menos aluden a los subsidios. Entonces, 104 años después, la resistencia denuncia que no hay independencia de poderes ni contrapesos. Es al revés. Solo quien no tuvo contrapesos pudo perpetuarse en el poder 89 años —vía el PRI y cobijó al PAN—. Ese sistema presidencialista sin contrapesos nunca lo denunciaron. Al actual gobierno lo acotan los contrapesos del poder económico y mediático.

Si el partido del Presidente conserva la mayoría en el Congreso en junio, la va a usar como todos los gobiernos del mundo. Sin embargo, en el Judicial siguen los lineamientos del régimen anterior al que, con excepciones, aún sirve. No le ha gustado que le digan que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ande repartiendo por su cuenta amparos (al menos 25) no solicitados. El Presidente ha dicho que si los jueces determinan que su Ley Eléctrica aprobada en el Congreso es inconstitucional modificaría la Constitución. Es decir, haría lo mismo que lo otros, pero a la inversa: revertir las violaciones a la Carta Magna para regresarla a su texto original.

La sorpresa es que, aunque esta vez no fue un régimen sino la democracia la que puso en el cargo al Presidente, parecería que los votos que lo respaldan no bastan para que el poder político le haga frente al poder del capital y lo regrese a su ámbito pues, pese a su importancia, no le corresponde gobernar. Si los votos no son mandato suficiente para un cambio de régimen, ¿qué puede serlo? Los votos de la clase media podrían acompañarse construyendo alianzas con esos otros sectores y desde ahí revertir y avanzar. El mandato de las urnas es romper el trato que el gran capital hiciera sexenios atrás para ostentar también el poder político. En un país democrático no puede haber dos presidentes —uno es una parte del gran capital— ni dos regímenes, como pretenden los derrotados. En el tercer año de gobierno —pese a los votos y al innegable respaldo popular— al poder presidencial lo desafían a diario. Lo escalofriante de este balance es que, aunque la democracia acató la voluntad ciudadana, esa no alcance para contener ni desarticular a los dueños de México. De ese tamaño es el reto que enfrentan ciudadanos y gobierno.

Por Martha Zamarripa @m_zamarripa

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