Por Martha Zamarripa | Lunes, 15 De Marzo Del 2021.
No hay manera de defender a un violador de mujeres. Se trata de un delito grave que de ocurrir en países donde no hay Estado de derecho, si una mujer presenta una denuncia, le resultará muy complicado que se haga justicia. Además de la violación sexual, ella enfrentará la agresión que le infringe un sistema patriarcal que elegirá creer en la versión del agresor por encima de la suya.
La justicia tiene por costumbre responder con exasperante lentitud, lo que complica un proceso que debió transcurrir de manera rigurosa y expedita ya que se carece de un independiente y eficaz sistema judicial. Puede decirse que protege a quien agravia, no al agraviado. La justicia es el área más sensible de los gobiernos a ser contaminada por la corrupción.
No es solo que los políticos se salgan con la suya en casos de abuso o violación sexual, sino que, con dinero y redes políticas de protección ‒en cualquier ámbito: empresarial, mediático o deportivo‒, a la justicia la compran igual. Pese a todas sus ventajas, en lo político, el lado vulnerable es su fama pública.
Si el sistema patriarcal ha decido estar del lado de los agresores, la opinión pública optó por apoyar a la presunta víctima. El caso es complejo porque ha sido salpicado de intereses políticos que intentan conseguir votos, no justicia. Se insinúa que en todo esto puede haber difamación. Siempre es posible. No obstante, hay un dato relevante de ONU Mujeres que señala que sólo el 3% de las víctimas a nivel global presentan acusaciones falsas.
Este sistema machista, misógino y retrógrada no supera el hecho de aceptar en su organigrama a ministerios públicos, jueces, ministros y magistrados patriarcales que conforman a ese sistema ‒también patriarcal‒ que permite un tácito acuerdo para no actuar. Las causas que provocan una difamación son todas: desde venganza, extorsión, fama, e ‒incluso‒ electoral. Esta puede ser la trama de un equipo político contrario ‒de su mismo o de otro partido‒ que busca descarrilar una candidatura que se perfila ganadora. Pero, asumiendo que el elemento político electoral esté presente, no necesariamente implica que la parte agraviada, mienta.
En medio de las partes «acusado-acusadora» se encuentra la endeble, viciada, corrupta e ineficaz justicia mexicana. Con loables excepciones ‒siempre las hay‒ el panorama en esa materia es deplorable. No hay esperanza, menos confianza. Ahora su invisibilidad ha quedado puesta bajo la lupa y sujeta a la presión de la opinión pública al convertirse en un caso mediático.
Una demanda presentada prescribió en 1988, pero sigue vigente la de otra mujer, en 2016. Llama la atención que cinco años después no haya sentencia. La justicia estatal no ha tenido tiempo de emitirla. Los exhibidos son los encargados de aplicarla. Por otra parte, el acusado no fue capaz de cuidar su imagen pública, factor que ‒cuando se trata de personajes públicos‒ importa. Fue estridente, cometió agresiones, se dejó ver en estado de ebriedad. Eso no lo convierte en violador, pero en el terreno de la comunicación política, pesa.
Las estadísticas sobre los sistemas de justicia, dejan mal parado a México. Según Rule of Law Index (Índice de Estado de Derecho) un sistema que “mide la calidad de los sistemas judiciales y de las instituciones públicas” diez países pueden presumir de contar con una justicia independiente y eficaz: Dinamarca (1) Noruega (2), Finlandia (3), Suecia (4), Holanda (5), Alemania (6), Austria (7), Nueva Zelanda (8), Singapur (9)y Reino Unido (10). Después de ellos figuran Australia y Canadá. México ocupa el lugar 88, muy por debajo de Uruguay (20), Costa Rica (25) y Chile (26) entre otros.
Estas cifras confirman el pésimo papel del Poder Judicial al que los ciudadanos deberían obligar a llevar a cabo una verdadera reestructuración que debe pasar por el cese de todo funcionario que decida ir en contra de los derechos humanos de una víctima por ser mujer, confirmando su visión patriarcal.
En México existe presunción de inocencia. Pero una elección que está a la vuelta de la esquina alcanzó a la justicia y le pisa los talones, que sigue sin llegar. Por tratarse de un tema sensible ¿la denuncia dejará de serlo para ahora sí, convertirse en modo ‘fast track’ en sentencia? En nuestro país, es considerada una batalla perdida, que no tiene remedio, veredicto emitido desde décadas atrás.
En otra medición, en su reporte anual 2020, World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial o WJP) califica el Estado de Derecho de los países, midiendo 8 factores. Sus parámetros de medición explican la posición de México, con gobiernos de un régimen de 89 años donde no hubo división de poderes ni se limitó al Poder Gubernamental, se propició corrupción, el gobierno no era abierto ni respetó Derechos Fundamentales. Sus parámetros también dejan fuera al país en Orden y Seguridad, las reglas eran transgredidas, se carecía –y carece- de Justicia Civil y Justicia Penal. Es decir, hay mucho que cambiar.
Hay una demanda latente que exige que se despabile la justicia mexicana y actúe. Si se deja que los delitos prescriban, la justicia también prescribe. Esta acusación sin sentencia debiera obligar a mirar la causa, como otras muchas en la misma situación de indefensión. La opinión pública no es juez. Su papel es presionar al Poder Judicial a que actúe como en los países con sistemas sólidos e independientes. La protagonista del Estado de derecho de un país es la justicia. Que demuestre que se sacudirá los lastres del pasado y pueda hacer honor a su nombre tan pisoteado.
Por Martha Zamarripa | Lunes, 15 De Marzo Del 2021.
